1. Sin dudas, el actual Gobierno de Daniel Noboa es una continuación de los gobiernos reaccionarios y proimperialistas de Lasso y Moreno, su política responde a intereses transnacionales y oligárquicos. ¿Cuál es la posición que ha mantenido el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano ante estas imposiciones neoliberales?
Desde su creación, el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano (FDPE), en el año 2020 por ciudadanos que desde diversas organizaciones sociales impulsaron la defensa del patrimonio nacional y particularmente del sector de hidrocarburos, en las diversas instancias institucionales, en apego a la Constitución y las leyes vigentes; pero también con acciones de resistencia en calles, plazas y redes sociales. Iniciamos levantando acciones de oposición a las intenciones del gobierno de Lenin Moreno de concesionar la Refinería Estatal Esmeraldas a sectores privados, que es una forma de privatización expresada en la usurpación de la renta que genera la industria petrolera; más adelante realizamos un acompañamiento a los trabajadores de ex Petroamazonas, en su reclamación por la violación al derecho de organización y libre elección de sus dirigentes. El FDPE, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el convenio CIADI, ante la Corte Constitucional el 12 de octubre 2021, con la adhesión de diversas organizaciones sociales.
Los esfuerzos por denunciar las imposiciones del FMI para privatizar el sector petrolero, desprestigiar la gestión de la empresa estatal de petróleos EP Petroecuador, desmantelar la industria nacional de hidrocarburos desde el FDPE, han sido una línea de acción política inclaudicable, en el año 2023 y 2024 el foco de atención ha estado en la exigencia de la transferencia al Estado de las acciones y bienes transferibles del OCP, sin costo alguno y en buen estado de conservación.
2. La presente crisis energética ha golpeado duramente a toda la economía del país, los trabajadores y los pequeños negocios son los más afectados. ¿Esta afectación de cortes de energía responde a la falta de lluvias como lo dice el gobierno o es un tema de negligencia e inoperancia?
La crisis del sector eléctrico, fue inducida por la ausencia de programas de mantenimiento, falta de gestión en la ejecución del Plan Maestro de Electricidad; opacidad en las contrataciones y designación de autoridades y beneficiar a importadores de combustible
La Contraloría General del Estado, señaló en la auditoría de gestión al Plan de Expansión de la Generación contenido en el Plan Maestro de Electrificación, realizado por el periodo enero 2019 a diciembre 2023, concluyó que “La Falta de gestión repercutió en el abastecimiento de energía eléctrica en el país”
Tanto el informe de CGE, como diversos analistas técnicos del sector eléctrico señalaron que varias centrales térmicas estaban fuera de servicio, otras que no producían energía, se evidencia una falta mantenimientos de las centrales térmicas; 14 proyectos hidroeléctricos, térmicos y de energías renovables no convencionales, no se pusieron en marcha; los planes de operación del Sistema Nacional Interconectado del periodo enero 2019 a junio 2023, fueron archivados; existió una falta de gestión para la compra de combustibles, y fue evidente una ausencia de lineamientos, políticas y normas técnicas.
3. En lo que respecta a la soberanía y a la defensa de los recursos del país frente a los intereses transnacionales, el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano promovió una acción de protección en lo que respecta al cumplimiento de la transferencia de las acciones y bienes del OCP al Estado, como para impedir la vulneración a los derechos constitucionales. ¿Cómo está la situación judicial de esa importante lucha por la soberanía?
El Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano y otras organizaciones sociales, han considerado que la Contraloría General del Estado debe actuar y esta institución mediante Oficio 010118-DNA6-RN-2024 suscrito por el director Nacional de Auditorías de Recursos Naturales, con fecha 9 de diciembre del 2024, informa que se realizará una acción de control con el siguiente alcance: “Examen especial de la transferencia de las acciones, de bienes de la compañía OCP Ecuador S.A., al Estado ecuatoriano (…) por el período comprendido entre el 11 de noviembre de 2023 y el 1 de agosto de 2024”
Por otro lado, también se ha solicitado a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional se “Active el curso correspondiente para el control político y fiscalización (…) que se encargue de determinar responsabilidades políticas a los funcionarios responsables de que se haya extendido ilegalmente el contrato entre el Estado ecuatoriano y OCP, generando graves perjuicios en desmedro del erario nacional”
Es importante informar que se ha planteado una ACCIÓN DE PROTECCIÓN, que en primera instancia fue negada; y el 14 de noviembre del 2024, fue admitido el recurso de apelación. En la audiencia de primera instancia fueron demandados el Coordinador/director de las Mesas de Transición entre el Estado ecuatoriano y OCP Ecuador, la Procuraduría General del Estado, la empresa Pampa Bloque 18, la empresa Oleoducto De Crudos Pesados (OCP) Ecuador S.A., EP Petroecuador, el presidente de La Republica del Ecuador, el ministro de Energía y Minas, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera. Los representantes del Estado y de las empresas privadas, al unísono, defendieron los intereses de privados; la documentada actuación de los abogados que respaldaron técnicamente esta acción de protección, nunca fue rebatida ni técnica ni jurídicamente. En conclusión, continuaremos en la lucha por la soberanía, la misma que no solo será en las instancias judiciales, legislativas y de los organismos de control, necesariamente debemos activarnos con las organizaciones populares y los sectores patrióticos del país.
4.Algo nunca antes visto en los anteriores gobiernos reaccionarios es esta violación a nuestra soberanía y a nuestros principios constitucionales donde el gobierno de Noboa ha entregado las Islas Galápagos a los Estados Unidos. ¿Cuáles son los fines de llegar a este acuerdo macabro?
Los gobiernos de derecha, que responden al imperialismo norteamericano, están interesados exclusivamente en transferir la renta que generan nuestros recursos naturales a compañías transnacionales, apoyar sin otro miramiento la política militar y económica de los Estados Unidos; convertirse en aliados estratégicos de una guerra, que con diversas intensidades se desarrolla en el mundo y que afecta a democracias y pueblos que no se someten a la política imperialista.
La evidente violación de la soberanía nacional, por parte de los Estados Unidos, al convertir las islas Galápagos en un campamento militar, a fin de que el interés parcial de las corporaciones y de los Estados hegemónicos prevalezcan en las relaciones internacionales, lo que está en abierta contraposición con el derecho de los pueblos y sus intereses legítimos.
En esta agresión imperialista se destaca la complicidad de los sectores más retardatarios de la política y de las élites nacionales que justifican, guerras de agresión, el espolio y la intervención de los Estados imperialistas en los asuntos internos de los Estados subordinados
5. La necesidad de la construcción de un gran acuerdo programático es evidente, desde el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano ¿Cuál son los planteamientos de ustedes ante el pueblo ecuatoriano en materia de los sectores estratégicos?
Ratificamos el compromiso de defender la soberanía permanente del pueblo ecuatoriano sobre los recursos naturales renovables y no renovables, los cuales constituyen su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible, como manda la Constitución.
Los sectores estratégicos – la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua- como los señala la constitución, debe ser administrados, regulados y gestionados por el Estado.
Respecto a las empresas estatales, estas deben funcionar como lo establece el artículo 315 de la Constitución de la República, esto es con: “autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión” (…) “Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas empresas o sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, de carácter público, en niveles que garanticen su desarrollo” y no constituirse en “caja chica” de cada administración.
6. Desde acá hemos visto diversas iniciativas de unidad de acción contra las medidas antipopulares de los gobiernos de turno, hay avances y retrocesos ¿Qué nos está faltando a las organizaciones para materializar esa unidad?
Casi todas las organizaciones sociales y políticas de izquierda, han señalado que la unidad es indispensable para contribuir a la construcción del Poder Popular que sustituya al sistema capitalista y nos permita superar las desigualdades económicas y sociales, la injusta distribución de la riqueza, la permanente violación de derechos individuales y colectivos,
Para alcanzar este ideal político del pueblo ecuatorianos, es necesario dejar en el pasado el sectarismo, la demagogia, el culto a la personalidad, los vanguardismos y centralismos hegemónicos, y avanzar en la construcción del proceso de unidad a partir de la definición de acuerdos y objetivos mínimos, de nuevas formas de organización, de inmenso respeto a las lógicas de cada organización, para que estas no pierdan su identidad ni compromisos, de sinceridad de los actores y de una declaración de ideales, valores y principios compartidos, de la más amplia participación de la militancia de las organizaciones sociales y políticas, del respeto a las diversidades en el más amplio sentido. Unidad que no privilegie el camino electoral.
7. Para cerrar con estas preguntas ¿Cuáles son los principales objetivos trazados para el próximo 2025?
Contribuir en la lucha por la defensa de los recursos naturales, con la más amplia participación de organizaciones sociales y políticas, en todos los espacios sean estos institucionales, de territorio y las redes sociales.
Continuar en la defensa de recursos estratégicos como el OCP, los bloques petroleros, las refinerías del país y alertar al país de las intensiones de los gobiernos de privatizar la renta que producen estos recursos al país.
Contribuir en la construcción de la unidad de los sectores populares, para alcanzar una nueva sociedad, que sustituya al sistema capitalista y sus formas políticas y económicas que han generado profundas desigualdades, exclusiones y violación permanente de los derechos individuales, políticos y sociales.
Jorge Cáceres E.
29 diciembre de 2024
