Por Ketty Erazo
En el contexto de las bases militares extranjeras en Ecuador, se pone de manifiesto la relevancia de la teoría geopolítica y océano político, donde el dominio de los mares emerge como una estrategia fundamental para las grandes potencias, mientras que los Estados pequeños tienden a subordinarse ante su poderío político, económico y militar.
La proyección de fuerza marítima no solo es crucial para la protección de rutas comerciales vitales, sino que también confiere ventajas estratégicas significativas en conflictos internacionales. Así mismo, es imperativo que las políticas estatales fomenten la ocupación y el control sobre estas rutas marítimas alentando una población dedicada a actividades comerciales relacionadas con el mar y promoviendo su uso y explotación.
Estas estrategias han sido fundamentales para mantener la supremacía global donde los Estados menores desempeñan roles como aliados o apoyos incondicionales al sistema hegemónico establecido; no obstante, existe la posibilidad de que estos países y sus pueblos se unan con miras a reivindicar sus derechos soberanos y su autodeterminación.
Para el caso de Ecuador, en 1941 mediante una estrategia de ocupación y control de la cuenca del Pacífico en respuesta al ataque de Pearl Harbor, Estados Unidos instaló bases militares en las Galápagos y Salinas sin previa autorización del gobierno de entonces en guerra con Perú. En 1999 como parte del contrainsurgente Plan Colombia denominado «Iniciativa Andina Contra las Drogas» se instaló la Base Militar de Manta en un momento de tensión relacionada con la dolarización. La experiencia de esta base sin resultado contra el narcotráfico estuvo plagada de denuncias sobre vulneración de la soberanía y múltiples violaciones a derechos humanos por parte de agentes estadunidenses que quedaron en la impunidad.
Actualmente, en el marco de la presencia de China en el Puerto de Chancay recién inaugurado en Perú como parte de una estrategia centrada en el control del comercio internacional que amenaza a la supremacía estadunidense, volvemos a tener presencia militar en las Galápagos como resultado de la firma de los acuerdos del estatuto de las fuerzas -SOFA- avalados por la Corte Constitucional que permiten la inmunidad y la impunidad del funcionamiento de las tropas norteamericanas.
Para legalizar esta ocupación el gobierno de Daniel Noboa desde el inicio de su mandato sentó las bases para modificar el artículo 5 la Constitución que establece “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares”. Primero declaró estados de excepción y de conflictos armado interno; luego con el pretexto de capturar al exvicepresidente Jorge Glas invadió la embajada de México para afectar las elecciones de ese país a petición de la administración estadounidense; y, anunció la existencia de dos mil hectáreas con cultivos de coca mientras el comandante general de la policía manifestó que solamente eran siete hectáreas.
Contra esta política de ocupación y entreguismo que evoca el presagio bolivariano “Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad”, las organizaciones sociales agrupadas en la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia (CPAZ), instan: a la UNESCO hacer prevalecer el Patrimonio Natural de la Humanidad de Galápagos; al Parlamento Andino normar en defensa de la soberanía regional; a la Asamblea Nacional hacer respetar la constitución y fiscalizar los acuerdos de cooperación estadunidense; a la Corte Constitucional actuar con independencia de funciones; a los partidos políticos pronunciarse en defensa de los intereses del pueblo; y, a la academia y población en general a unirse contra cualquier atropello a la soberanía de la Patria.
