El gobierno del presidente Daniel Noboa ha optado por enfrentar el Paro Nacional, que hoy cumple veintitrés días de activismo, bajo el marco del “Conflicto Armado Interno” declarado mediante el Decreto Ejecutivo 111 del 9 de enero de 2024. Este decreto, emitido para abordar la escalada de violencia y el crimen organizado, dispuso la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional en todo el territorio para garantizar la soberanía e integridad territorial contra «el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes».
Es crucial recordar que la Corte Constitucional, en su momento, advirtió sobre la falta de una justificación debidamente configurada para invocar la causal de conflicto armado interno. De igual modo, organismos de derechos humanos y académicos alertaron sobre los riesgos de la militarización. Señalaron que las FF. AA. no están entrenadas para tareas de vigilancia e investigación, lo que incrementa el riesgo de abusos, y que la aplicación del Decreto 111 conlleva la militarización excesiva y el uso desmedido del poder punitivo estatal bajo una lógica de excepción.
Este antecedente es fundamental para comprender la estrategia de la Presidencia de la República: desatar una ola de represión a escala nacional contra un supuesto «enemigo» que, en la práctica, no es el «crimen organizado transnacional» sino aquellos que han levantado su voz en acciones de resistencia a las políticas gubernamentales y en rechazo al «autoritarismo y la crisis multidimensional».
La grave situación económica del país es el telón de fondo de esta resistencia. Esta se manifiesta en la precarización laboral, la privatización encubierta de la seguridad social, el colapso del sistema de salud y educativo, la falta de empleo digno, los despidos en el sector público y la inseguridad desbordada por la penetración de las mafias. Una situación que se arrastra desde el gobierno de Moreno y que se ha profundizado con leyes aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional, controlada por el partido del presidente Noboa, que acentúan la desigualdad y la miseria popular.
Esta crisis tiene una relación directa con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cumplidos a cabalidad por el gobierno nacional. Estos acuerdos se traducen en el denominado reajuste de la masa salarial del sector público –con más de 7.000 despidos de médicos, maestros y profesionales– y en la optimización del sistema de subsidios a los combustibles, implementada mediante el Decreto Ejecutivo 126, que incrementó los precios, disfrazándolo de “eliminación de subsidios”.
No podemos olvidar el ajuste tributario que incrementó el IVA del 12 % al 15 % y que, mediante una cuestionable acción de contabilidad tributaria, permitió condonar la deuda de más de 94,6 millones de dólares de la empresa de la familia del presidente Noboa, gracias a una remisión tributaria que genera serias dudas sobre el conflicto de intereses y la transparencia fiscal.
La estrategia gubernamental para enfrentar la resistencia popular ha sido la guerra interna. Se ha buscado ubicar a los manifestantes y sus organizaciones como enemigos del progreso y el desarrollo, levantando acciones judiciales con la acusación de terrorismo. Esta lógica guerrerista se ha expresado en la permanente militarización del país, particularmente en zonas de movilización social, con la presencia de más de 5.000 efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas, tanquetas, equipo militar y helicópteros dispuestos a disparar.
Estas operaciones se acompañan de una narrativa de criminalización y judicialización de la protesta, táctica que busca deslegitimar las manifestaciones al vincularlas con el crimen organizado. Se ha hecho uso del delito de «Terrorismo» y se ha implementado un permanente discurso de «Enemigo Interno«, sumado al bloqueo de cuentas bancarias de dirigentes y la entrega de bonos y presupuestos a gobiernos autónomos descentralizados (Gads) afines al gobierno. Adicionalmente, se ha invertido en medios de comunicación para desinformar a la ciudadanía, comprando espacios en aquellos con alta audiencia y pautando en medios tradicionales y alternativos.
El 13 de octubre de 2025, a 23 días del paro nacional, el gobierno insistió con la iniciativa de un “convoy humanitario” que supuestamente entregaría medicinas, gas y alimentos. Sin embargo, lo que realmente distribuyó fue represión. En la población de Imbabura se lanzaron gases lacrimógenos por aire y tierra, granadas de impacto múltiple y explosivos contra la población civil, afectando la vida y la integridad de la ciudadanía.
Este convoy militar, con más de 1.000 efectivos y aproximadamente 100 vehículos blindados, ha dejado un rastro de violencia. Según un manifiesto de la CONAIE del 13 de octubre de 2025, la acción militar dejó «al menos 21 personas heridas y 4 detenidos». El medio digital Radio Pichincha (radiopichincha.com) señaló «Se registran 33 detenidos y 22 heridos en Imbabura por ataque del ‘convoy humanitario’; militares ingresan a hospitales para llevarse a personas heridas«.
La gravedad de los hechos fue alertada por la periodista Elena Rodríguez en su cuenta de X el 14 de octubre de 2025: «Una bebé, asfixiada. ¡Una bebé! Si esto no les conmueve, ¿qué lo hará? Y no me vengan con el discurso de siempre: ‘¿Para qué llevan niños a las marchas?’ No había marcha alguna. El Estado llegó a sus puertas, con gases, con armas, con odio. Paren la represión ya. Antes de que no quede ni un respiro inocente en este país».
El gobierno pretendió involucrar a la Cruz Roja Ecuatoriana como un invitado de piedra. La organización humanitaria, tras negarse a participar del convoy militar, recordó los estatutos y convenios internacionales que rigen su actividad y lo que se entiende por convoy humanitario: neutralidad operacional, independencia de decisión e imparcialidad en la asistencia. La Cruz Roja fue enfática al expresar: «Estos principios nos permiten abstenernos de toda controversia política, religiosa o ideológica, y sostener un diálogo de confianza con todos los actores in situ a través de la diplomacia humanitaria, garantizando así que la acción humanitaria llegue efectivamente a las personas en situación de vulnerabilidad, sin distinción de nacionalidad, etnia, género u opinión».
Estaba claro: el convoy que llegó a Ibarra tenía como misión desbaratar la resistencia popular a sangre y fuego. Nunca podremos olvidar que la sangre de nuestro pueblo no se restituye con convoyes militares disfrazados de ayuda humanitaria. Se restituye con la unidad y la resistencia que nos permita alcanzar la plena vigencia de los derechos colectivos, de la naturaleza e individuales.
¡Viva el Paro Nacional!
Noboa Nunca Más.
Jorge Cáceres E.
