El gobierno nacional, encabezado por Daniel Noboa, el día de ayer por medio de su Boletín N° 603, dio a conocer “10 medidas” que buscan desarticular el crecimiento de la economía “criminal”. El documento expone la desarticulación de las bandas criminales, la protección de la ciudadanía y el sostenimiento del sistema económico y financiero.
En honor a la brevedad de este escrito, hacemos observaciones generales respecto a lo que propone el “proyecto de Ley económica” en el cual se explicita: que se dará autorización del uso de la fuerza a nivel institucional del estado. A los delincuentes se les considera como combatientes, -poniéndolos al nivel de un ejército-. El presidente podrá emitir decretos en temas económicos y de seguridad. Además, podrá otorgar indultos a miembros de las fuerzas de combate (no se especifica si son fuerzas armadas, policía nacional, da la impresión de haber otros actores en el tablero bélico que reza el documento). Se busca institucionalizar un Bloque de Seguridad como órgano de coordinación (¿Qué actores intervienen en el bloque?). Establece medidas de protección a la economía formal, con incentivos y sostenibilidad en zonas críticas, (esta afirmación es demasiado general, por lo menos debería especificar a las provincias contempladas) rebajar el impuesto a la renta, para la donación en favor de Policía Nacional y FFAA.
En primer término, un proyecto de Ley que involucra y explicita la fuerza como eje central de su operación, sin especificar o aclarar a qué grupos criminales van a “combatir” da carta abierta a que FFAA y Policía determinen arbitrariamente a quien seguir, reprimir o eliminar. Además, no tiene sentido alguno un proyecto de ley económica que solape la actividad extraordinaria de este denominado Bloque de Seguridad, en el mismo que no explica que instituciones participarán, o que “consultores internacionales”.
En conclusión, Este proyecto de ley, es la muestra de hacia donde apuntala el gobierno nacional con el uso de la fuerza, indultos y el direccionamiento de capital para policía y fuerzas armadas, a sabiendas que el sector de salud y educación están en crisis y requieren de atención prioritaria. Una vez más la doctrina del shock entra en escena.
En las experiencias de México y Colombia, medidas similares acrecentaron la violencia y la movilidad humana, Ecuador está ante el inicio de un régimen que busca desentenderse de los poderes que regulan una “democracia”, para por medio del autoritarismo mantener a una población bajo la lupa del miedo. Este “proyecto de ley”, de por sí, no puede ser visto como una burla, sino como una declaración de guerra contra cualquier sector de la sociedad civil que represente una amenaza a los intereses neoliberales del gobierno empresarial de Daniel Noboa. Con la excusa de perseguir a grupos de delincuencia organizada (GDO) que tienen claramente identificados y que no detallan en el proyecto de ley. De esta manera, buscarán perseguir y desaparecer a quienes decidan organizarse para exigir sus derechos más básicos.
¡No podemos permitirlo!
¡Unidad, organización y lucha contra las políticas reaccionarias!
Comisión Nacional de Reorganización
Partido Comunista del Ecuador
Quito, 18 de mayo de 2025
