El PCE, permanentemente ha expresado su firme posición respecto a la defensa de la soberanía de los pueblos sobre la riqueza y los recursos naturales renovables y no renovables, así como otros bienes que pertenecen a todos los ecuatorianos, los cuales son su patrimonio. La Constitución de la República establece como principio la exclusividad del Estado para gestionarlos de manera directa, garantizando así servicios públicos que aseguren el efectivo goce de los derechos de todos los ciudadanos.
Este gobierno, al igual que los orientados por el neoliberalismo, ha desmantelado la institucionalidad y particularmente las empresas públicas, con el afán de entregar su administración y renta a sectores privados. Daniel Noboa, ha declarado su intención de privatizar campos petroleros estratégicos como Sacha, Amistad y los bloques 16 y 67, además de prorrogar ilegalmente el contrato de concesión del Oleoducto de Crudo Pesado (OCP). Según la cláusula 4.1. sobre el plazo del contrato y la cláusula 14.2 sobre la terminación automática, la vigencia del Contrato de Autorización es de 20 años contados desde el inicio del periodo de operación, establecido el 20 de enero de 2004. Es decir, el plazo de vigencia del contrato tiene como fecha de finalización (terminación automática) el 20 de enero de 2024, y desde entonces, la empresa que actualmente opera esta infraestructura se está llevando recursos económicos de los ecuatorianos. En resumen, el gobierno de Noboa está regalando los recursos del pueblo ecuatoriano.
En este contexto, el FRENTE DE DEFENSA PETROLERO ECUATORIANO ha presentado una acción de protección (No. 17T03-2024-00073), que se tramita en el Tribunal de Garantías Penales Anticorrupción de Quito, con el objetivo de frenar tanto la inacción por parte de la autoridad, en no disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de la transferencia de las acciones y bienes del OCP al Estado, como para impedir la vulneración de los derechos constitucionales.
El Comité Ejecutivo del PCE saluda esta acción judicial, que pone a las autoridades del gobierno nacional frente a la justicia para que se determine de qué lado están: ¿defenderán los intereses del pueblo ecuatoriano o continuarán defendiendo los intereses de las transnacionales petroleras? El PCE convoca a la ciudadanía y a todos los sectores sociales a mantenerse vigilantes del avance de este proceso judicial interpuesto por el FRENTE DE DEFENSA PETROLERO ECUATORIANO.
