Por: Lida Moreno Badillo
Es interesante observar cómo en los últimos años la minería en Ecuador ha adquirido un rol protagónico en la política pública de los Gobiernos de turno. Desde la época del ex presidente Correa, cuando en la Constitución de 2008, en su artículo 408, se formalizó que los recursos del subsuelo son «propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado», se comenzó a gestar una política estatal en relación con la actividad minera.
Sin embargo, la explotación, exploración, extracción y demás procesos asociados a esta actividad no inician ni terminan con la llamada «revolución ciudadana». La minería en este territorio, que hoy conocemos como Ecuador, se remonta a nuestros pueblos ancestrales e incluso constituye un pilar fundamental en la estructura de la conquista española. No olvidemos que los conquistadores ibéricos exigieron un rescate en oro y plata por la libertad y la vida del Inca Atahualpa, a quien finalmente asesinaron. Este es uno de los primeros magnicidios a causa de este recurso natural que, lejos de brindarnos bienestar y acceso a un mejor nivel de vida, nos ha provisto de violencia, destrucción del medio ambiente y migración forzosa de comunidades enteras a lo largo de los siglos.
En El Pueblo, presentaremos una serie de reportajes especiales en torno a este tema. En las siguientes entregas, realizaremos un recorrido histórico por nuestras culturas ancestrales, la conquista española y el desarrollo de la actividad minera artesanal desde nuestra «independencia» hasta la actualidad, con el fin de identificar las causas que han llevado a que los pueblos y comunidades asentadas en yacimientos de metales y otros recursos minerales se hayan convertido en objetivo de persecución y aniquilamiento sistemático por parte del Estado.
Intentaremos responder a varias interrogantes que atraviesan la conversación y discusiones de la ciudadanía en general. ¿Por qué la actividad minera es un elemento crucial en el negocio del narcotráfico y por qué los grupos delictivos tienen especial interés en el control de los procesos productivos mineros, incluso a gran escala? ¿Qué vínculos pueden tener las nuevas concesiones mineras que promueve y defiende el Gobierno del presidente Noboa con las mafias del narcotráfico y el crimen organizado en Ecuador? ¿Acaso este es un nuevo e ingenioso método de saqueo colonial de nuestros recursos metálicos por parte de un sistema imperialista en decadencia?
Todas estas interrogantes las iremos respondiendo en las siguientes ediciones de El Pueblo, donde expondremos los verdaderos entramados de corrupción de los gobiernos respecto a este tema y presentaremos posibles soluciones que puedan conducirnos a buen puerto.
