Jorge Cáceres E. 19 de julio de 2025
En Ecuador, el bloque popular ha perdido por completo su capacidad de incidir en la institucionalidad del Estado. Hoy, discutir si esta pérdida se dio por medios democráticos, fraudes electorales o mecanismos de cooptación institucional resulta irrelevante. Lo cierto es que, en 2025, las funciones legislativa, judicial, electoral, de transparencia y el propio poder ejecutivo se encuentran al servicio de un bloque de poder dominante, consolidado por intereses económicos, políticos y mediáticos.
Este bloque, compuesto por élites empresariales, familias vinculadas al capital transnacional, cúpulas policiales y militares, medios de comunicación corporativos y sectores conservadores de las iglesias, ha trazado una estrategia de largo aliento para reconfigurar el Estado a su imagen y semejanza. El resultado es una institucionalidad que ya no responde a principios democráticos ni a las necesidades de las mayorías, sino a los intereses de una minoría privilegiada.
Leyes como la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, la Ley de Inteligencia, la Ley de Integridad Pública o la Ley para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas; las reformas a la Ley del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; y los cambios a las normas electorales que eliminan la paridad de género, han sido aprobadas bajo la figura de proyectos económicos urgentes, lo que ha permitido su tramitación acelerada. Estas reformas legales —que vulneran principios constitucionales y tratados internacionales— se presentan como respuestas a la inseguridad, pero en realidad refuerzan el control del Ejecutivo y abren la puerta a la impunidad, la vigilancia masiva, la criminalización del disenso y la privatización de bienes comunes.
El pretexto es la lucha contra el crimen organizado. Pero el saldo es la erosión de derechos fundamentales como la intimidad, el acceso a información personal y la estabilidad laboral del sector público. A esto se suma un retroceso preocupante en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y los pueblos indígenas, cuyos territorios siguen siendo amenazados por el extractivismo.
En este panorama, tampoco queda espacio para una justicia imparcial. La reciente declaración de emergencia en la función judicial permite el nombramiento de jueces sin concursos de mérito, facilitando una justicia funcional a los intereses del régimen. Es una estrategia clara: consolidar un poder autoritario disfrazado de institucionalidad democrática.
El discurso oficial, sostenido por voceros del gobierno y replicado en medios y redes sociales, recurre al miedo, al odio y a una idea de supremacía moral y cultural. Se promueve así una narrativa que legitima medidas represivas y autoritarias como necesarias para salvar al país del caos, cuando en realidad se trata de sostener un modelo neoliberal excluyente y profundamente antidemocrático.
Frente a este escenario, cabe una afirmación contundente: hoy en Ecuador no existe institucionalidad para el bloque popular.
Las preguntas entonces son inevitables: ¿cómo reorganizar la resistencia social? ¿Qué estrategias pueden articular discursos, acciones y propuestas desde los sectores populares y democráticos? ¿Quiénes deben liderar la construcción de una alternativa política real?
La coyuntura exige unidad. Y no una unidad electoral coyuntural, sino una articulación profunda, política y programática. Es fundamental reconocer que la vía institucional ha sido secuestrada por las élites, y que la alternativa debe nacer desde abajo, desde las organizaciones sociales, sindicales, territoriales, estudiantiles, campesinas e indígenas.
Urge construir un Frente Político-Social Nacional, o como se lo denomine, que supere la lógica reactiva y avance hacia una propuesta estratégica con capacidad de disputar el sentido común, generar esperanza y ofrecer alternativas reales al modelo neoliberal dominante.
Este proceso implica, también, un diálogo honesto entre actores diversos: desde organizaciones sociales como la Conaie, partidos políticos como RC y PK, PCE, PSE, hasta colectivos de base y expresiones ciudadanas independientes. La clave está en establecer acuerdos amplios, sostenidos en el tiempo, que no solo critiquen, sino que propongan, construyan, y sobre todo, resistan sin claudicar ante las tentaciones del poder.
Mientras existan márgenes, aunque estrechos, de democracia, debemos construir y fortalecer el poder popular y la organización territorial. La lucha ya no puede depender de las instituciones formales: hoy más que nunca, restaurar el tejido social es la principal tarea, en la perspectiva de constituir el bastión de la resistencia.
