Digámoslo sin eufemismos: lo que acaba de hacer el gobierno de Noboa es subir impuestos a los alimentos de la gente que trabaja. No lo llaman así. Lo llaman «aclaración tributaria». Lo llaman «ordenar el sistema». Lo visten con el lenguaje aséptico de los tecnócratas para que suene inevitable, técnico, neutro. No lo es. Es una decisión política. Tomada por alguien. En beneficio de alguien.
El Servicio de Rentas Internas publicó una circular un viernes por la tarde, donde «aclara» que unos 60 alimentos procesados que antes no pagaban IVA, ahora sí lo pagan al 15%. Leche deslactosada, carnes adobadas, fideos instantáneos, pan de yuca. Los alimentos de la canasta real de los ecuatorianos que no se pueden dar el lujo de comprar todo fresco todos los días. No es una aclaración. Es un aumento de impuestos velado y maquillado de reinterpretación jurídica, pero aumento al fin. Y como siempre, lo paga el que menos tiene.
Pero aquí viene lo que no te van a decir en el comunicado oficial: mientras el pan de yuca (hecho de nuestra yuca, cultivada en nuestra tierra por nuestra gente) paga 15% de IVA, el pan de trigo tradicional queda exento. El pan cuya harina no producimos; el pan que depende de importaciones que pasan por los molinos de INDUSTRIAL MOLINERA. Industrias con vínculos conocidos y públicos con la familia del presidente de la República. Eso no es una coincidencia. Eso tiene nombre, y el nombre no es «ordenar el sistema tributario».
Y todo esto, conviene decirlo también, no sale solo de la cabeza de los funcionarios del SRI. Esto tiene otra firma que no aparece en la circular pero que está detrás de cada medida de este tipo: el Fondo Monetario Internacional (FMI). El FMI lleva décadas recetando el mismo tratamiento: eliminar subsidios, ampliar la base tributaria, reducir el gasto social y subir el IVA. No importa el gobierno ni el color político; la receta es la misma y siempre —siempre— la pagan los trabajadores.
Ecuador firmó. Ecuador obedeció. Y aquí estamos. Lo que nos venden como «modernización tributaria» es en realidad un pacto entre el poder local y los acreedores internacionales para que los costos del ajuste los absorba quien ya está al límite. No el importador de trigo, no el molinero, no el que viaja a las reuniones en Washington; sino el que compra fideos instantáneos porque es para lo que alcanza.
La canasta básica en enero de 2026 costó 821 dólares, mientras el salario básico es de apenas 482. Esa brecha ya era una herida abierta; esta «aclaración tributaria» es sal en la herida. No nos engañemos sobre lo que está pasando: nos están cobrando la deuda que contrajeron ellos. Nos están haciendo pagar la fiesta a la que nunca nos invitaron, y lo están haciendo con la firma de un presidente que tiene intereses directos en quién gana y quién pierde con estas reglas.
¡Eso, con cualquier nombre que se le quiera poner, es CORRUPCIÓN!
